Obligaciones de los padres segun el codigo civil español

Obligaciones de los padres segun el codigo civil español

Código civil español filipinas

En 1947, el Presidente Manuel Roxas de la Tercera República creó una nueva Comisión del Código, esta vez encabezada por el antiguo Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Filipinas, Jorge Bocobo. Entre los miembros de esta nueva Comisión se encontraban el futuro juez asociado del Tribunal Supremo, Francisco R. Capistrano, y el futuro vicepresidente Arturo Tolentino. La Comisión del Código completó el proyecto final del nuevo Código Civil en diciembre de 1947, y éste fue presentado al Congreso, que lo promulgó como ley mediante la Ley de la República nº 386. El Código Civil entró en vigor en 1950[1].
La influencia del Código Civil español es más evidente en los libros de propiedad, sucesión y obligaciones y contratos. El derecho de sucesiones, por ejemplo, mantiene conceptos autóctonos de España como la regla de las legítimas y la reserva troncal. Por otra parte, muchas de las disposiciones sobre contratos especiales, en particular sobre la compraventa, proceden del common law practicado en Estados Unidos, lo que refleja la influencia de la dominación colonial norteamericana y la afluencia de relaciones comerciales en las que participaban los estadounidenses de la época.

Ley de enjuiciamiento civil española

Primero fue la Ley 11/1981, de 13 de mayo, de modificación del Régimen Económico Matrimonial y de la Patria, que suprimió la distinción entre filiación legítima e ilegítima, equiparó al padre y a la madre a efectos del ejercicio de la patria potestad e introdujo la investigación de la filiación.
A raíz de la misma, se sustituyó el anticuado concepto de abandono por la institución del desamparo, cambio que ha supuesto una considerable agilización de los procedimientos de protección del menor al permitir la asunción, por parte de la entidad pública competente, de la tutela de éste en los casos de grave protección del mismo.
También se ha introducido la consideración de la adopción como elemento de plena integración familiar, la configuración de la acogida familiar como nueva institución de protección del menor, la generalización del interés superior del menor como principio inspirador de todas las actuaciones relacionadas con el mismo, tanto administrativas como judiciales; y el incremento de las competencias del Ministerio Fiscal en relación con los menores, así como de sus obligaciones.

Derechos de los abuelos en españa

cubre cuestiones comunes en el derecho de familia – incluyendo: jurisdicción, divorcio, cohabitación, hijos, sustracción, reubicaciones, cuestiones transfronterizas, responsabilidad parental, alimentos para los hijos y acuerdos matrimoniales – en 22 jurisdicciones
España es parte del Reglamento (CE) nº 2201/2003 del Consejo, de 27 de noviembre de 2003, relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental, por el que se deroga el Reglamento (CE) nº 1347/2000, conocido como “Reglamento Bruselas II bis”.    Este Reglamento regula actualmente el Derecho Internacional Privado español relativo a la competencia judicial internacional en materia de divorcio y se aplican los criterios de competencia establecidos en el artículo 3 del Reglamento.    La Ley del Poder Judicial español fue reformada en 2015, en lo que respecta a la competencia judicial internacional y su artículo 22 quáter c) adopta los mismos criterios de competencia que el artículo 3 del Reglamento.
El artículo 8 del “Reglamento Bruselas II bis” establece que los tribunales del Estado miembro en el que el menor tenga su residencia habitual en el momento de la interposición de la demanda, serán competentes a nivel internacional para conocer de la responsabilidad parental y del régimen de guarda de los hijos.    La Ley española del Poder Judicial ha sido reformada y su artículo 22 quáter d) responde a los motivos de competencia previstos en el artículo 8 del Reglamento.

La manutención de los niños en la legislación española

Si los niños son muy pequeños y alguien observa que están solos demasiado tiempo sin ver a ningún adulto que se haga cargo, o los niños, aunque sean mayores, están sin compañía durante el horario escolar o a altas horas de la noche, la policía puede intervenir para localizar a los padres o dirigirse a los servicios sociales públicos. La legislación sólo contempla la existencia de un delito si se comprueba que los adultos responsables de los niños han sido abandonados o no han sido atendidos adecuadamente, pero que los niños estén solos en la calle no es en la mayoría de los casos un indicador suficiente para calificar el abandono. Los gobiernos locales pueden, si quieren, prohibir que los niños no acompañados estén en la calle después de ciertas horas de la noche.
Un niño puede perfectamente estar sin compañía en un restaurante. Los responsables del restaurante sólo sospechan que algo puede ir mal si el niño es muy pequeño, o en horario escolar, o a altas horas de la noche, o si la mirada del niño es sospechosa, y entonces alertan a la policía. Los menores de 18 años no pueden acceder solos a las zonas reservadas para fumadores en los restaurantes y bares. En algunas regiones no pueden acceder a estas zonas aunque estén acompañados por sus adultos responsables.

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